McMaster exige que los funcionarios de los aeropuertos informen sobre inmigrantes ilegales al cancelarse Título 42

COLUMBIA, S.C. (Telemundo South Carolina) - El Gobernador Henry McMaster ha instruido a los funcionarios de los aeropuertos que informen sobre cualquier incidente relacionado con personas que viven en el país sin permiso.

En una carta dirigida a Mark Keel, director de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, McMaster le pidió que instruyera al oficial principal encargado de hacer cumplir la ley de cada uno de los aeropuertos comerciales del estado a “informar de inmediato cualquier intento de desembarcar o transportar inmigrantes ilegales en sus instalaciones, junto con la información que identifique el nombre(s) e información del vehículo de aquellos involucrados en facilitar dicho transporte”.

McMaster dijo en Twitter que envió la carta el jueves por la noche, antes de que expirara la orden de emergencia de salud pública “Título 42″ del gobierno federal relacionada con el COVID-19.

“Como lo indican los videos e imágenes de la frontera sur de nuestra nación, grandes cantidades de inmigrantes de todo el mundo se han reunido en preparación para cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México al expirar el Título 42″, escribió.

Continuó criticando a la Administración de Joe Biden y al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, a quienes acusa de “seguir comprometidos con negar la existencia o abordar la crisis humanitaria y de seguridad nacional que han creado”.

“No es de extrañar que los Estadounidenses sigan perdiendo confianza y credibilidad en todo lo que dice o hace la Administración de Biden,” escribió.

Esto es lo que hizo el Título 42 y cómo está cambiando la política de inmigración de los Estados Unidos

El Título 42 es el nombre de una ley de salud de emergencia. Fue una medida adoptada por la administración del Presidente Donald Trump en Marzo de 2020. La Ley permitía a los funcionarios Estadounidenses de rechazar a los inmigrantes que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Antes de eso, los inmigrantes podían cruzar ilegalmente, solicitar asilo y se les permitía ingresar a Estados Unidos. Luego eran examinados y a menudo liberados para esperar el proceso de inmigración.

Bajo el Título 42, los inmigrantes eran devueltos al otro lado de la frontera y se les negaba el derecho de solicitar asilo. Los funcionarios Estadounidenses rechazaron a los inmigrantes más de 2,8 millones de veces. Las familias y los niños que viajaban solos estaban exentos.

Pero no había consecuencias reales cuando alguien cruzaba ilegalmente la frontera. Por lo tanto, los inmigrantes podían intentarlo una y otra vez, con la remota posibilidad de lograr entrar a Estados Unidos.

El presidente Joe Biden inicialmente mantuvo en vigencia el Título 42 después de asumir el cargo, luego intentó poner fin a su uso en 2022. Los republicanos presentaron una demanda, argumentando que las restricciones eran necesarias para la seguridad fronteriza. Los tribunales mantuvieron las reglas vigentes. Pero la administración de Biden anunció en Enero que estaba poniendo fin a las emergencias nacionales por COVID-19, por lo que las restricciones en la frontera han desaparecido ahora.Biden ha afirmado que los nuevos cambios son necesarios, en parte porque el Congreso no ha aprobado una reforma migratoria en décadas.

Pero a medida que se levantaron las restricciones del Título 42 a las 11:59 p.m. del jueves, la administración de Biden ha implementado una serie de nuevas políticas para frenar los cruces ilegales. La administración afirma que está tratando de evitar que las personas paguen a coyotes para realizar un viaje peligroso y a menudo mortal.

Ahora habrá consecuencias estrictas. Los inmigrantes capturados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante cinco años y podrían enfrentar procesos penales si lo hacen.

Según la ley Estadounidense e internacional, cualquier persona que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo. Personas de todo el mundo viajan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. Se les realiza una evaluación para determinar si tienen un temor creíble de persecución en su país de origen. Luego, su caso pasa al sistema de tribunales de inmigración para determinar si pueden quedarse en Estados Unidos, pero ese proceso puede llevar años. Por lo general, se les permite esperar sus casos en libertad dentro de Estados Unidos.

La administración de Biden ahora está rechazando a cualquier persona que busque asilo y que no haya solicitado protección en un país por el que haya viajado o que no haya presentado una solicitud en línea. Esta es una versión de una política de la administración Trump que fue anulada por los tribunales. Grupos de defensa presentaron demandas para bloquear la nueva regla minutos antes de que entrara en vigor.

La demanda, presentada en un tribunal federal en San Francisco por el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados y otros grupos, alega que la administración de Biden “se ha reafirmado” en la política propuesta por Trump que el mismo tribunal rechazó. La administración de Biden ha afirmado que su nueva regla es sustancialmente diferente.

Estados Unidos ha dicho que aceptará hasta 30,000 personas al mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, siempre y cuando lleguen en avión, tengan un patrocinador y presenten una solicitud en línea primero. El gobierno también permitirá la entrada de hasta 100,000 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que tengan familia aquí, si también presentan una solicitud en línea. Los funcionarios de la frontera deportarán a las demás personas, incluyendo a 30,000 por mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, que serán enviados de vuelta a México.

Otros inmigrantes también podrían ser admitidos si presentan su solicitud a través de la aplicación CBP One. Actualmente, se ha permitido la entrada de 740 personas por día utilizando la aplicación, y se aumentará a 1,000 por día.

Las familias que crucen la frontera ilegalmente estarán sujetas a toques de queda y el jefe de hogar deberá usar una pulsera de chequeo en el tobillo. Los funcionarios de inmigración intentarán determinar dentro de los 30 días si una familia puede quedarse en Estados Unidos o ser deportada. Por lo general, el proceso tomaría años.

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